La revista Economía Industrial publica en su último número el artículo de nuestro compañero Antonio Moreno-Torres sobre los orígenes y evolución de este cuerpo, que fue el primero que, tras establecerse la titulación de ingeniería industrial en 1850, la Administración Civil del Estado reservara en exclusiva para actuaciones facultativas de estos profesionales.
Como ya adelantamos aquí, con esto se completa la terna de estudios que Antonio Moreno-Torres ha desarrollado sobre los cuerpos de ingenieros industriales de la Administración Civil, siendo los otros dos el Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de la Hacienda Pública, y el Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del Ministerio de Industria (hoy del Estado, único vigente de los tres).
Una conclusión panorámica de este ambicioso trabajo es que a mediados del siglo XX un Ingeniero Industrial con vocación de servicio público podía optar a tres Cuerpos del Estado: Fomento, Hacienda e Industria. Hoy en día, sólo hay un Cuerpo con vocación “universal”, el de Ingenieros Industriales del Estado, que sirve allá donde se le reclame, sea en Industria como adscripción natural, o en los muchos otros destinos más allá en los que prestamos servicios.
Según nos sitúa este nuevo artículo, el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Ministerio de Fomento tiene su origen en el «Cuerpo de Ingenieros Mecánicos de Ferrocarriles» creado por Real Decreto de 13 de marzo de 1896, ejerciendo inicialmente cometidos en cuestión de inspección facultativa y vigilancia técnica del material móvil/rodante de las compañías concesionarias de ferrocarriles. Por entonces los servicios de inspección constituían un pilar fundamental del modelo para el despliegue ferroviario masivo, basado en concesiones privadas temporales, obligaciones de servicio público, vigilancia de su cumplimiento y sanción de su incumplimiento.
El artículo continúa repasando la evolución del cuerpo, marcada por la propia transformación del sector ferroviario y su regulación, por los avatares de su ministerio de adscripción (sucesivamente Fomento, Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Obras Públicas y Urbanismo…), así como por el mérito de desempeñarse con éxito y hacerse un hueco profesional en un entorno dominado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, diversificando sus actuaciones desde las exclusivamente ferroviarias en sus orígenes, hasta otras tan amplias como el transporte por carretera, las obras hidráulicas, o la calidad de las aguas, asunto este último en el que fueron auténticos pioneros.
En este recorrido histórico se incluyen guiños hacia la actualidad, como la aguda referencia al Decreto de 1905 que regulaba la provisión de vacantes, que incluía una cláusula específica en evitación de capturas (para facultativos destinados a la inspección de compañías para las que previamente hubiesen trabajado), así como un periodo de cuatro años de cuarentena en limitación de puertas giratorias.
El artículo nos conduce finalmente hasta el momento de la extinción de este cuerpo, en el año 2003, en el contexto administrativo resultado de las reformas de los años previos, particularmente la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) de 1997.
En ese mismo año 2003, y fruto del avance tecnológico, se rompería el paradigma del conjunto camino-vehículo como unidad de explotación ferroviaria que dominara los modelos del siglo anterior: la Ley del Sector Ferroviario de ese año sentaría las bases para su liberalización (de acuerdo a directivas comunitarias y de manera similar a otros sectores de red) a partir de la separación de la infraestructura y de los servicios, quedando en régimen regulado por su naturaleza de monopolio natural la primera, y abriéndose a la competencia los segundos.
El artículo aún se detiene en la más puntual actualidad para esbozar la nueva arquitectura institucional del sector, resultado de la reciente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que profundiza en su liberalización incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la última normativa comunitaria, destacando la creación de la nueva «Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria» (AESF) en el ámbito estatal referido como «Red Ferroviaria de Interés General» (RFIG).
En suma, el trabajo de Antonio Moreno-Torres es un ejercicio de erudición fluido y lúcido, perfectamente conducido por tan largo período de tiempo, y oportunamente imbricado en desafíos actuales como las nuevas formas de acción administrativa ante sectores liberalizados, los conflictos de interés, o el modelo de función pública para los cuerpos de técnicos superiores. Todo lo cual nos ayuda a comprender cómo ha llegado a configurarse la Administración de hoy, para mejor saber situarnos en ella.
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Asociación de Ingenieros Industriales del Estado 