Un pequeño paso para el hombre…

El 20 de julio de 2019 hemos celebrado el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Tan impresionante logro fue posible gracias a un enorme esfuerzo investigador en múltiples campos científicos que resultó en numerosas innovaciones tecnológicas y organizativas de las que la sociedad sigue beneficiándose en la actualidad.

Entre estas, y en el ámbito de la Ingeniería de Control, puede destacarse el filtro de Kalman (†2016), fundamental para la navegación del Apolo 11 entre la tierra y la luna o para la maniobra de reencuentro –rendezvous– entre el módulo lunar (Águila) y el módulo de mando (Columbia) una vez finalizada la exploración de nuestro satélite.

 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL MÓDULO LUNAR DEL APOLO 11

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Fuente: MIT. “Apollo Navigation, Guidance and Control Systems. A Progress Report” (1969)

El filtro de Kalman es un método para la estimación de variables de estado de un sistema dinámico que, simplificadamente, se basa en los siguientes elementos:

  • [1] Mediciones –por lo general sesgadas- de alta frecuencia.
  • [2] Mediciones –por lo general ruidosas- de baja frecuencia.
  • [3] Modelo de predicción, con sendos componentes de medición (ecuación de estados) y dinámica (evolución temporal de estados).
  • [4] Proceso recursivo de estimación del vector de estados utilizando [3], partiendo de [1] y actualizando en tiempo real con la realimentación de [2].

En la citada maniobra de reencuentro (en la que el módulo lunar era el vehículo activo y el módulo de mando el pasivo; y que requería de un perfecto alineamiento entre ambos), la posición y velocidad relativas –variables de estado- se calculaban a partir de las mediciones de los sensores del sistema de navegación inercial –tipo [1]- corrigiéndolas con mediciones radar –tipo [2]-. De forma análoga funcionan los sistemas GPS que equipan hoy en día los medios de transporte.

Con el tiempo esta metodología de estimación dinámica ha trascendido la disciplina de la Ingeniería de Sistemas en la que surgió. Prueba de ello es su uso econométrico, que sucintamente se describe a continuación en una aplicación del máximo interés para un Ingeniero Industrial del Estado que se desempeñe en el campo de la política industrial, cual es el análisis de coyuntura industrial.

En la perspectiva dinámica propia del análisis de coyuntura económica se pretende anticipar el futuro próximo por medio de indicadores –simples o agregados- de carácter adelantado. La elaboración de indicadores “soft” cualitativos a partir de encuestas opináticas de confianza ha sido una solución tradicionalmente adoptada para superar el inconveniente que para el seguimiento estrecho en el tiempo de una actividad económica representa el carácter retrasado de los indicadores “hard” cuantitativos. Así por ejemplo, a partir de la «Encuesta de Coyuntura Industrial» (ECI) se elabora un «Indicador de Clima Industrial» (ICI) –indicador soft– que anticipa razonablemente bien al «Índice de Producción Industrial» (IPI) –indicador hard-.

Más sofisticada metodológica y computacionalmente es una predicción en tiempo real (now-casting), cada vez más popular por la creciente disponibilidad de datos de alta frecuencia, que aproveche la información contenida en indicadores parciales tanto hard como soft, incorporándola a medida que fluyen sus datos (real time data flow), para construir así un termómetro de la realidad dinámica a monitorizar.

INDICADORES PARCIALES PARA LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN TIEMPO REAL

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Fuente: “Medición de la actividad industrial en tiempo real: un Indicador Factorial [dinámico] de la Industria (IFI)”.
Cuevas Galindo, Ángel. Economía Industrial, número 382 (2011, 4T).

En una aproximación estática, la información contenida en los indicadores puede sintetizarse por medio del «Análisis Factorial». Se trata de un método estadístico multivariante que supone que existe un número reducido de variables latentes hipotéticas o «factores comunes» subyacentes -artificiales y no observables- que explican una gran proporción de la varianza compartida por unas variables observadas, capturando así sus interrelaciones.

La formulación dinámica de un modelo de análisis factorial utilizando la representación de espacio de estados y el observador de Kalman para la estimación del factor latente de estado –actividad industrial, en este caso- y la predicción de los indicadores parciales no disponibles –que resultan en paneles desequilibrados de datos por ser distinta la frecuencia de aparición de los mismos-, constituye la esencia de esta técnica de análisis coyuntural denominada «Análisis Factorial Dinámico».

Autor: Antonio Moreno-Torres Gálvez.
Ingeniero Industrial del Estado (Promoción 2003).

La máxima función consultiva en materia de industria: El extinto Consejo [Superior] de Industria

Con antecedente inmediato en el semejante Consejo Industrial contemplado en el reglamento de 1928 del Cuerpo de Ingenieros Industriales (CII en lo sucesivo), el Consejo [Superior] de Industria fue creado por el de 1931 como máximo órgano técnico asesor y consultivo del Estado y del Ministerio en materia de industria, y como foro de interlocución con el sector, con facultades ejecutivas relativas a inspección –como órgano a cargo de la Inspección Industrial Central- y otras cuestiones. Esta máxima función consultiva colegiada en materia de industria la ejercería por primera vez en 1847 un «Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio» que integraba a “varios individuos conocedores de la teoría y práctica de las artes y los principios en que han de estribar la legislación y reglamentos relativas al fomento de la industria fabril”, y que persistiría en el tiempo con diferentes denominaciones.

En relación con el CII, y a modo de alto mando, le correspondía al Consejo de Industria la inspección de sus servicios, funciones administrativas en materia de gestión del escalafón o expedientes de personal, y la confección del programa y el diseño de las oposiciones. Dotado de plantilla propia, su pleno lo constituía un Presidente -a la sazón Jefe Superior efectivo del CII- y unos Consejeros asistidos por un Secretario General. Los 9 Consejeros –incluido el Presidente- eran nombrados entre los funcionarios de mayor veteranía y prestigio por un sistema de turno doble -antigüedad y mérito acreditado por concurso-oposición- luego reconvertido en triple –concurso de méritos y concurso-oposición restringido (a quienes hubieran ocupado destinos de jefatura) y amplio (extendido a la Escala de Profesores)-. Hasta 1954 habría 3 de ellos –inicialmente solo 2- ajenos al CII, reclutados mediante concurso-oposición entre Ingenieros Industriales de méritos excepcionales en la esfera oficial o privada con más de doce años de antigüedad. El puesto de Secretario General también se dotaría mediante concurso-oposición restringido.

Según el reglamento de 1931, el Consejo de Industria funcionaría en pleno o en secciones, y correspondería al pleno la elección, entre los 9 Consejeros y para mandatos bienales, del Presidente y de 3 Vicepresidentes-Presidentes de Sección, a cargo respectivamente de las siguientes secciones (entre paréntesis se indica sus ámbitos): General (inspección de los servicios del CII, enseñanza e investigación; estudios y resúmenes estadísticos; política industrial; legislación sobre auxilios e industrias nuevas y defensa de la producción); Técnica (servicios generales y especiales del CII; laboratorios; divisiones de iniciativas y perfeccionamientos; tipificación y ensayo de materiales; propiedad industrial; interpretación de reglamentos; inspección y policía industrial); y Administrativa (escalafón y expedientes de personal y de trámite; negociado económico y de contabilidad; colección legislativa). Para sus trabajos podía constituir Comisiones Técnicas Asesoras sectoriales.

consejo superior industria

Como una de las medidas de austeridad contempladas en el Decreto 2764/1967 sobre reorganización de la Administración Civil del Estado para reducir el gasto público, el Consejo Superior de Industria se integraría en 1968 con sus homólogos «Consejo Superior de Minería y Metalurgia» y «Consejo de Ingeniería Naval» para formar así un «Consejo Superior del Ministerio de Industria» cuya Comisión Permanente se organizaría sectorialmente en torno a seis secciones (Industria Básica; Industria Naval y Transformadora; Minería y Agua; Energía; Calidad, Metrología y Metrotecnia; Seguridad y Servicios), conforme a una nueva naturaleza que lo centraba esencialmente en su función consultiva, al liberarlo de sus anteriores funciones ejecutivas y potestades corporativas sobre el CII -jefatura, inspección y administración-, de las que solo retendría la referida a la puesta al día de los planes de perfeccionamiento técnico y el informe preceptivo sobre el programa y las pruebas de ingreso. Contaría entonces con 1 Presidente, 2 Vicepresidentes y 12 Consejeros -6 Presidentes de Sección y otros 6 Consejeros más-, totalizando 15 miembros que serían asistidos por un Secretario General y un «Gabinete de Estudios y Documentación Técnica» dependiente de la Presidencia. Los Consejeros y el personal técnico en plantilla pertenecería a los tres Cuerpos facultativos del Ministerio –Industriales, Minas y Navales-, nombrándose aquellos por concurso de méritos –libre designación desde 1979-.

Dictámenes, propuestas y estudios fueron los trabajos realizados por el Consejo en su misión consultiva y de asesoramiento técnico. Su informe sería preceptivo en los siguientes casos: Proyectos de Leyes y de Reglamentos de ejecución, así como sus modificaciones, en materias propias de la competencia del Departamento; programas o planes generales de ordenación de un determinado sector industrial o minero; asuntos de naturaleza técnica en que debía dictaminar el Consejo de Estado; cuestiones en que así lo estableciera una Ley; y cualquier otro asunto en que lo considerasen conveniente el Ministro o el Subsecretario. Además, podían solicitar su informe los Directores Generales y el Secretario General Técnico del Ministerio, cuando se tratara de asuntos de carácter general, y la importancia del mismo hacía aconsejable dicho dictamen. Por propia iniciativa el Consejo podía elevar al Ministro las propuestas que estimara oportunas en orden a un mejor desarrollo de la industria y minería. Y le correspondía asimismo comunicar con los Centros y Sociedades industriales y mercantiles, nacionales o extranjeros, que tuvieran relación con la industria o la minería a fin de conocer y estudiar los progresos alcanzados en los mismos, a cuyo efecto propondría a la superioridad las visitas de estudios de trabajos de su personal técnico que considerara conveniente.

La Presidencia del Consejo sería ocupada sucesivamente por los siguientes Ingenieros Industriales del CII (entre paréntesis se indica su fecha de nombramiento): José Morillo y Farfán (1928, Presidente de la Comisión interina); José Antonio de Artigas y Sanz (1929; 1931; y 1954); Fernando Cuito Canals (1931, Presidente interino -en su condición de Director General de Industria; Ingeniero Industrial, aunque no del CII-); Eusebio Martí Lamich (1933); José Montes Garzón (1935); Manuel Velasco de Pando (1957); Eduardo Requena Papi (1958); y José García Usano (1965). Una vez transformado en Consejo del Ministerio, serían Presidentes del mismo los siguientes Ingenieros Industriales del CII: José García Usano (1968); Joaquín Ortega Costa (1983); Joaquín María Gutiérrez Carrera (1985); y María Teresa Estevan Bolea (1998), que relata su experiencia en dicho puesto en un artículo del libro sobre el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado recientemente publicado. Entre 1975 y 1983 el Presidente fue Alfonso Álvarez Miranda, Ingeniero de Minas que ocuparía el puesto desde que cesara como Ministro de Industria hasta su jubilación.

El Consejo [Superior] de Industria sería finalmente suprimido a finales de los noventa del siglo XX cuando se reasignaron sus funciones asesora, consultiva y de interlocución con la industria a otros órganos sin plantilla permanente o no funcionariales. Por el contrario, y en una inexplicable asimetría, en la actualidad se mantiene los similares «Consejo de Obras Públicas» o «Consejo Agrario» (heredero en cierta manera del anterior «Consejo Superior Agrario» suprimido en 2017).

Autor: Antonio Moreno-Torres Gálvez
Ingeniero Industrial del Estado (Promoción 2003)

Nota: Este texto es un extracto modificado del artículo “Génesis y Evolución Reglamentaria del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado” que se incluye en el libro “El Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Historia, Actuaciones y Testimonios”, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y disponible para su libre descarga en este enlace.

Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030

CapturaEl pasado 22 de febrero se presentaron en el Consejo de Ministros las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030.

Como se indica en el documento adjunto, la industria es un sector clave para la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico equilibrado de un país por su capacidad de mejorar la competitividad de la economía, su importante nivel de inversión en innovación y su alta capacidad exportadora.

El carácter estratégico de la industria motivó que, en 2014, la Unión Europea fijara el objetivo de relanzar la industria en Europa como eje del crecimiento económico, identificando el 20% del PIB como la meta a alcanzar en 2020.

industria

Se precisa una política industrial activa dirigida a contribuir a transformar nuestro modelo productivo con tres ambiciosos objetivos:

1. La reindustrialización de la economía, es decir, el desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales a fin de aumentar su participación en el PIB y el empleo.

2. La necesaria transformación de nuestro tejido industrial, en especial la pequeña y mediana empresa, para adaptarlo a un nuevo contexto, marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y por una creciente competencia internacional.

3. La adecuada adaptación a la transición ecológica en una doble vertiente: por un lado, el aprovechamiento de las oportunidades que se derivarán de ella, incidiendo, en particular, en el avance hacia un modelo económico más circular; y, por otro, la anticipación y mitigación de impactos que pueda ocasionar, asegurando así una transición ordenada y justa.

Es necesario desarrollar una estrategia de política industrial que defina el  posicionamiento a medio y largo plazo de nuestra industria, a partir de una visión estratégica compartida y alineada con las directrices comunitarias de la UE.

De este modo, el documento adjunto propone las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030.

Ver documento completo: Directrices generales de la política industrial española [PDF]

Nueva estructura ministerial: Se crea el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la Secretaría de Estado de Energía pasa a formar parte del Ministerio para la Transición Ecológica

Tras el reciente cambio de Gobierno, hoy 7 de junio de 2018, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

De dicha reestructuración, cabe destacar la creación del nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, siendo su ministra Doña Reyes Maroto Illera. De esta forma, los departamentos de Industria y Comercio se separan del anterior Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) para entrar a formar parte del nuevo ministerio. Con este cambio, se vuelve a una división departamental de los ministerios muy utilizada históricamente, donde la política industrial vuelve a cobrar un mayor protagonismo al formar parte de un ministerio propio.

Por otra parte, el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), también se reestructura, pasando la Secretaría de Estado de Energía a formar parte del Ministerio para la Transición Ecológica, junto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. La Ministra de este nuevo ministerio es Doña Teresa Ribera Rodríguez.

Asimismo, cabe destacar que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital ahora pasa a formar parte del nuevo Ministerio de Economía y Empresa, siendo su ministra Doña Nadia Calviño Santamaría.

Finalmente, se crea el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al que corresponderá la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Dicho ministerio tendrá al frente a Don Pedro Francisco Duque Duque.

Para más información sobre la reestructuración ministerial, puedes consultar el texto integro del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Para más información sobre los nuevos ministros, puedes consultar sus biografías en la web de La Moncloa.

Se crea UNE, la Asociación Española de Normalización, separándose formalmente de AENOR

Desde inicios de 2017 se ha llevado a cabo una separación de la que se llevaba mucho tiempo hablando: AENOR, que desde su creación en 1986 hasta este momento era la Asociación Española de Normalización y Certificación, se divide en dos entidades independientes entre sí, separando por una parte sus labores de normalización, y por otra parte sus actividades de certificación y otras derivadas. De esta forma, la nueva Asociación Española de Normalización (UNE) será a partir de ahora la entidad española dedicada a las tareas de normalización en España, mientras que AENOR pasa a ser una Sociedad Anónima Unipersonal (Aenor Internacional S.A.U.) y prestará los servicios de evaluación de la conformidad que llevaba realizando hasta ahora de forma independiente a UNE (www.une.org).

Este nuevo esquema supone básicamente un cambio formal, ya que en la práctica AENOR siempre ha mantenido sus actividades de normalización y de certificación separadas entre ellas. No obstante, la necesidad de realizar esta separación de manera formal se llevaba debatiendo desde hace bastante tiempo, debido a que desde muchos ámbitos se argumentaba que se debía garantizar la independencia entre el organismo que crea las normas técnicas y el que las certifica. Adicionalmente, también es relevante señalar que, mientras que la actividad de normalización es llevada a cabo por un sólo organismo en España designado expresamente para ello (al igual que en Europa y en el resto del mundo), por contra, la actividad de certificación de normas puede ser realizada por todas las entidades que deseen acreditarse para ello.

 

¿En qué consiste la normalización?

En pocas palabras, las tareas que lleva a cabo UNE desde inicios de este año son las de normalización. La normalización consiste en la elaboración de normas técnicas -también llamados estándares-, entre las que destacan principalmente las normas españolas UNE (Una Norma Española). Además, la Asociación Española de Normalización participa en la elaboración de las normas europeas EN (Norma Europea) del Comité Europeo de Normalización (CEN), del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y del  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), y también en la elaboración de las normas internacionales ISO (Norma Internacional) de la Organización Internacional de Normalización y normas IEC de la Comisión Electrotécnica Internacional.

Tal y como se puede leer en su página web, “la Asociación Española de Normalización, es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. UNE pone a disposición de todos más de 31.500 documentos normativos”.

 

Resumen de la infraestructura para la calidad  y seguridad industrial en España

El Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, define los diferentes tipos de organismos que existen relativos a la infraestructura para la calidad y seguridad industrial en nuestro país, los cuales son los siguientes:

Infraestructura común:

  • Organismos de normalización, con el cometido de desarrollar las actividades relacionadas con la elaboración de normas.
  • Entidades de acreditación, con los cometidos de realizar el reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración y de verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los Organismos de control y de los verificadores medioambientales.

Infraestructura para la calidad:

  • Entidades de certificación, con el cometido de establecer la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.
  • Laboratorios de ensayo, con el cometido de llevar a cabo la comprobación de que los productos industriales cumplan con las normas o especificaciones técnicas que les sean de aplicación.
  • Entidades auditoras y de inspección, con el cometido de determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen a los requisitos previamente establecidos, y si estos requisitos se llevan a cabo efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.
  • Laboratorios de calibración industrial, con el cometido de facilitar la trazabilidad y uniformidad de los resultados de medida.

Infraestructura para la seguridad industrial:

  • Organismos de control, con el cometido de realizar en el ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
  • Verificadores medioambientales, con el cometido de examinar las políticas, programas, sistemas de gestión, procedimientos de evaluación y de auditoría y declaraciones en materia de medio ambiente industrial, así como de realizar la validación de estas últimas.

Por su parte, el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, modifica el Real Decreto 2200/1995 citado anteriormente, e introduce el requisito de que se debe separar jurídica, funcional y contablemente las actividades de normalización de cualquier actividad de evaluación de la conformidad.

En definitiva, tras este cambio, actualmente la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial en España queda reflejada de la forma siguiente:

  • La Asociación Española de Normalización (UNE) es el organismo de normalización.
  • La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es la entidad de acreditación.
  • Y finalmente, todas las entidades, organismos y laboratorios que lo deseen (entre ellos, la nueva Aenor Internacional S.A.U), pueden acreditarse para realizar las funciones de evaluación de la conformidad: certificación, ensayos, inspecciones, etc.

Autor: Jorge Jimeno Bernal.
Ingeniero Industrial del Estado (Promoción 2015).
 

Nota: Para más información se recomienda la lectura del artículo “La calidad y seguridad industrial en España” escrito por el Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial, Jose Manuel Prieto Barrio y por Diego José Martínez Martín. Dicho artículo fue publicado en la revista Economía Industrial nº396, en el año 2015.

Evaluación de Políticas Industriales

AMT-RESULTADOSvsIMPACTOS
Imagen: extracto del artículo

El pasado 23 de octubre, la economista francesa Esther Duflo recibía el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2015 por sus trabajos sobre políticas contra la pobreza basados en el uso intensivo de experimentos sociales controlados (Randomized Control Trial-RCT). Curiosamente, sobre la utilidad de esta herramienta se muestra en general escéptico Angus Deaton, economista de origen escocés recientemente galardonado con el Premio Nobel de Economía 2015, y pionero del análisis económico fundamentado en microdatos.

En el ámbito de las políticas industriales, comienza a haber experiencias de uso de RCT y de métodos econométricos basados en microdatos en su diseño y evaluación, respectivamente, sobre las cuales nuestro compañero Antonio Moreno-Torres Gálvez (Promoción 2003) diserta en la siguiente contribución, extracto de su artículo “Técnicas Microeconométricas para la Evaluación de Políticas Públicas” publicado en el número 390 de Economía Industrial (disponible en Economía Industrial 390).

La Evaluación de Políticas Industriales

Si existe ya cierta tradición de uso de los métodos microeconométricos de Evaluación de Programas en el ámbito de las políticas sociales, aunque en grado menor, también empieza a acumularse y compartirse  experiencia y conocimiento en la evaluación de políticas industriales. A título ilustrativo, y por citar algunos ejemplos:

  • Reindustrialización. Criscuolo et al. (2012) evalúan el impacto en variables como empleo, inversión, productividad y número de plantas de un programa de asistencia regional selectiva que subvenciona inversiones industriales en áreas desfavorecidas del Reino Unido. Para ello instrumentan la participación en el programa de una planta en un momento dado con el nivel de subvención a la inversión máxima disponible en el área en dicho momento, del que pueden beneficiarse sólo las plantas localizadas en ciertas áreas (relevancia) y que viene determinado por las normas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado (exogeneidad) que son actualizadas periódicamente en lo que viene a constituir un experimento natural.
  • Desarrollo y dinamización de clusters. Schmiedeberg (2010) hace una revisión metodológica de las diferentes técnicas utilizadas en la que, además de modelos econométricos, contempla otras herramientas como la evaluación de procesos, el estudio de casos, los enfoques sistémicos (modelos input-output, análisis de redes y benchmarking) y la evaluación económica coste-beneficio.
  • Ayudas a la I+D. Aerts et al. (2006) analizan el estado del arte de su evaluación econométrica focalizando en aspectos como el desplazamiento de la inversión privada por la pública, la adicionalidad de los resultados en innovación o la adicionalidad “comportamental” –cambios de comportamiento inducidos- en la investigación colaborativa.
  • Innovación y emprendimiento. CPB (2012) es un informe que analiza las estrategias para la evaluación econométrica de diferentes instrumentos de fomento y apoyo utilizados en los Países Bajos. Así, se propone el uso de métodos de emparejamiento para un programa de créditos a la innovación de alto riesgo en productos, servicios y proyectos en el que los beneficiarios de las ayudas se seleccionan en un procedimiento que incluye una cualificación objetiva –lo que permite modelar el grado de propensión- y la opinión de un comité, dando lugar a una base de proyectos “dudosos” a partir de los cuales construir contrafactuales. Para un programa de deducciones fiscales a la innovación que exige un mínimo de horas anuales de actividad innovadora se propone un diseño de regresión discontinua para la estimación de impactos entorno al umbral exigido. Un modelo de panel con efectos fijos por entidad y temporales se sugiere para un programa de apoyo a proyectos en partenariado entre centros públicos de I+D y empresas innovadoras de sectores estratégicos, en una primera aproximación con las debilidades propias de tomar como contrafactual compañías del mismo sector no participantes en el partenariado o compañías del partenariado no participantes en el proyecto.
  • Eficiencia energética y control de emisiones. Martin et al. (2011) utilizan un método de panel para evaluar el impacto de la tasa por cambio climático en el consumo energético de plantas manufactureras del Reino Unido, comparando las sujetas a la totalidad de la misma con aquellas beneficiarias de deducciones por haber adquirido un compromiso voluntario de ahorro en energía o emisiones, en lo que da lugar a situaciones de autoselección que los autores solventan con una variable instrumental basada en la elegibilidad para la suscripción de aquel, que es razonablemente exógena por basarse en el cumplimiento de la regulación ambiental previa a la exacción de la tasa. Por su parte, Allcott (2011) analiza el impacto en términos de ahorro de electricidad del envío a consumidores de un informe personalizado en el que se les comunica su situación relativa en términos de consumo, se les categoriza y se les recomienda una serie de medidas de ahorro, basándose en el experimento llevado a cabo por una compañía eléctrica de EE.UU. en el que aleatoriamente se decidió enviar o no tal informe a los clientes de su base. Asimismo utiliza un análisis de regresión discontinua para evaluar el impacto de las categorizaciones.

Se trata en todos estos casos de instrumentos o programas que suponen el uso de palancas concretas que activan resortes de causalidad relativamente sencillos y total o parcialmente exentos de consecuencias inesperadas o efectos indirectos de orden superior. Desafortunadamente, en el ámbito de lo industrial estos son bastante habituales y se presentan en forma de desplazamiento/crowding out –un resultado positivo es contrarrestado por uno negativo-, sustitución –el efecto sobre un agente es a costa de otros agentes-, spillover/leakage –el programa beneficia a agentes no pertenecientes al grupo destinatario-, deadweight –los resultados de la política se hubieran obtenido igualmente sin intervención- o aglomeración/crowding.

A ello se une la creciente complejidad de lo que podríamos denominar «Nueva Política Industrial», más integrada y sistémica que la tradicional enfocada a sectores y –en lo que en términos de motivación supone una mayor sensibilidad hacia los fallos de gobierno que hacia los fallos de mercado- con un menor nivel de intervención que se orienta al desarrollo del marco institucional y de clima de negocios adecuado que facilite la cooperación entre agentes (para la superación de asimetrías de información y de fallos de coordinación) y la alineación de incentivos entre los sectores público y privado (mediante fórmulas de partenariado).

De ahí que estén cobrando fuerza conceptos como «Metaevaluación» (evaluación de evaluaciones para el caso de intervenciones complejas, multiobjetivo y a gran escala, usando por ejemplo modelos de simulación) y Policy Learning/Intelligence que constituyen un nuevo enfoque en el que la evaluación de políticas, de ser un mero ejercicio de auditoría a posteriori, pasa a convertirse en una fuerza transformadora (Aranguren et al., 2013), lo que exige desarrollar una cultura de la evaluación que involucre a los agentes, incorpore sistemas de monitorización, seguimiento y difusión, adopte enfoques mixtos cuantitativo-cualitativos y asegure la independencia del proceso evitando situaciones juez-parte que tan perversas resultan.

Una de las técnicas para este aprendizaje transformador y la introducción experimental a pequeña escala de nuevas políticas sobre la base del contraste de hipótesis sobre diferentes alternativas (Policy Experimentation) es el experimento social (Randomized Control Trial-RCT) ampliamente discutido en este artículo. Sirva como ejemplo la experiencia que en el área de Manchester lideró en 2009 el organismo público de fomento de la innovación en el Reino Unido  en relación con un esquema de créditos para la promoción de partenariados innovadores entre PYMEs y proveedores de servicios creativos. Un experimento en el que los créditos se asignaron conforme a los resultados de una lotería permitió comprobar la adicionalidad de la política (recibir el crédito aumentó la probabilidad de que una PYME se asociara con un proveedor de servicios creativos) para validar así un modelo lógico de causalidad sobre el que legitimar un escalado del programa. Frente a un esquema tradicional en que los apoyos públicos se conceden una vez hechas evaluaciones ex-ante de los proyectos a subvencionar, la aleatorización del tratamiento demostró también la ventaja de evitar los costes de aquel en términos de consumo de recursos y problemas de información asimétrica.

Si bien el uso de experimentos de políticas públicas está menos difundido en Europa en comparación con EE.UU. -la aleatorización en la asignación de los tratamientos es una rareza, por administrarse precisamente a los más necesitados-, en el caso de las políticas industriales, y con todas las salvaguardas ya apuntadas, habría argumentos en favor de su uso con mayor intensidad que en el caso de políticas sociales, tales como sus menores implicaciones éticas –al ser las unidades experimentales empresas en lugar de individuos o familias- y la mayor sensibilidad desde el punto de vista de las finanzas públicas –al ser por lo general mayores los desembolsos por beneficiario–.

Autor: Antonio Moreno-Torres Gálvez, Ingeniero Industrial del Estado.


Puedes descargar la versión digital del artículo completo aquí:

PDFTécnicas Microeconométricas para la Evaluación de Políticas Públicas (Economía Industrial, número 390)